El artículo 2.1. de la Constitución establece que la lengua oficial del estado es el catalán. Y la ley de ordenación del uso de la lengua oficial, de 16 de diciembre de 1999, desplegando el mandato constitucional, establece el deber del Gobierno de favorecer acuerdos y convenios de colaboración con universidades y con otros organismos extranjeros a fin de garantizar el desarrollo global óptimo de la lengua oficial, y también el deber de concluir acuerdos, tratados, convenios u otras actuaciones en marcos internacionales, para fomentar en ellos la presencia de la lengua oficial.
Sin embargo, una ley sólo es un instrumento que contribuye con eficacia a los objetivos del legislador si se produce una comunión de intereses y de aportaciones desde muchos ámbitos diferentes. Los gobiernos son decisivos en la aplicación de una política determinada, pero también lo son las instituciones académicas, las asociaciones, los intelectuales, los artistas y los dinamizadores sociales. Por ello, en la noble tarea de promoción del patrimonio y la identidad de los pueblos, hay que arbitrar nuevas iniciativas y nuevos enfoques que abran más puertas al mundo y a más interlocutores y auguren nuevas expectativas.
La declaración conjunta firmada por el Gobierno de Andorra, el Gobierno de las Islas Baleares y la Generalitat de Cataluña el día 17 de diciembre de 2007 en el Santuario de Cura responde a este planteamiento y a la determinación de profundizar en el desarrollo del mandato legal. Las tres partes declaran en ella la voluntad decidida de sumar esfuerzos en la proyección exterior de la lengua catalana que les es común y de la cultura propia, promueven la proyección internacional de la lengua catalana a la categoría de interés común de los tres gobiernos y manifiestan solemnemente que la proyección de la cultura propia de los estados y territorios de la lengua catalana necesita instrumentos comunes que garanticen su presencia en los acontecimientos de primera magnitud y en los mercados internacionales.
Con esta finalidad compartida, han decidido crear una fundación pública
con sede institucional en Andorra, de acuerdo con los marcos legales respectivos,
entre el Gobierno de Andorra y el Consorcio del Instituto Ramon Llull, de acuerdo
con los siguientes
